La rifa del avión presidencial es un reflejo de cómo se está conduciendo el país: con ocurrencias y engaños.

Después de múltiples maromas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana que siempre sí se rifará el avión… pero no: lo que se repartirá es un premio equivalente al valor del avión, no el aparato en sí mismo.

El primero de diciembre de 2018, Andrés Manuel anunció que el avión se vendería junto con toda la flotilla de aviones y helicópteros que eran utilizados para el traslado de altos funcionarios. Posteriormente, el 14 de enero de este año, cambió de opinión y dijo que se entregaría a Estados Unidos a cambio de equipo médico.

Tres días después, el 17 de enero, anunció por primera vez que el avión se rifaría: 6 millones de cachitos, a 500 pesos cada uno. El ganador recibiría además un servicio de operación de dos años.

Este viernes 7 llegó la última maroma: lo que se rifa es el dinero del avión.

Muestra del boleto para la polémica rifa

López Obrador anunció que cada cachito costará 500 pesos y se tratarán de colocar 6 millones. Se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Entonces, si se anuncia la rifa del avión, pero el premio no es el avión… ¿estamos ante publicidad engañosa?

En cuanto a los ingresos, López Obrador prácticamente está pidiendo una cooperacha del pueblo para equipo médico. ¿Qué tan mal anda la recaudación fiscal? ¿O de plano los impuestos no se están utilizando como deberían?

Sin duda estamos ante una gran ocurrencia que habla de un gobierno sin rumbo, sin claridad.

¿Usted está dispuesto a destinar 500 pesos a una rifa en la que tiene poquísimas posibilidades de obtener un premio (que ni siquiera es el avión)?

Parece que aún no dimensionamos lo que implica la pérdida del Estadio León. Para muchos de nosotros El Glorioso es más que un inmueble, es otro hogar donde vivimos alegrías y tristezas, es un símbolo para los leoneses que constituye parte de nuestra identidad.

Las familias de León tienen todo un ritual para asistir al estadio, es parte de las tradiciones de muchas generaciones. Y ahora está perdido. Sí, el León seguirá jugando en el estadio, pero ya no es nuestro, ahora pertenece a particulares que tras un litigio se lo arrebataron al pueblo.

La pérdida del Estadio León da coraje porque lo que Roberto Zermeño y Héctor González obtuvieron gracias a los tribunales no es solo un inmueble, nos han arrebatado una parte de nuestra historia, de nuestra identidad.

El jueves 24 de octubre, en sesión de Ayuntamiento, manifesté que el proceso jurídico evidenció la incapacidad de la autoridad de otorgar justicia para los leoneses.

Todos los que estuvieron involucrados en el litigio le fallaron a los leoneses, y no podemos simplemente dar vuelta a la página y decir que se trató de un error, o proponer la expropiación para que el estadio regrese al patrimonio municipal y hacer como si no hubiera pasado nada, cuando hay prioridades en las que se pueden invertir mejor los recursos.

Los responsables tienen que dar la cara. Aunque quieran esconder la cabeza como avestruces, el pueblo leonés sabe en dónde estuvo la falla. Saben quién constituyó el Fideicomoso y quién lo extinguió anticipadamente, que fue precisamente la puerta que aprovechó Zermeño para entablar la demanda y ganar el estadio.

Tanta negligencia nos hace pensar, incluso, que no se trató de un error… por eso es importante que se investigue a fondo y se deslinden responsabilidades.

Los que perdieron vergonzósamente el Estadio León no pueden tener cargos de responsabilidad pública, ya nos demostraron sobradamente que no pueden salvaguardar el patrimonio de los leoneses. ¿Qué siguen haciendo en el gobierno?

Necesitamos ser, todos los que ejercemos un cargo público, la autoridad que la ciudadanía necesita, tenemos una gran tarea por delante.

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Las reglas tienen una razón de ser muy clara: garantizar el bienestar de la colectividad. Para lograr este objetivo deben de cumplirse siempre y adecuarse constantemente a la cambiante realidad, no a capricho de un grupo de interés sino de toda la sociedad.

Por supuesto hay excepciones, toda regla las tiene, pero estas son claras y muy puntuales; fuera de esto no hay pretexto: las reglas se cumplen.

El problema es cuando las ignoramos porque simplemente no nos convienen. Y lo grave es cuando quien las ignora es la autoridad.

Ejemplos hay muchos, unos más graves que otros, pero el principio sigue siendo el mismo: las reglas deben cumplirse y quienes tienen que poner el ejemplo son las autoridades.

Lamentablemente los incumplimientos a las víctimas afectan a terceros.

Esto ocurre, por ejemplo, con las personas que de buena fe compran una casa y el Municipio no puede ofrecerles todos los servicios a los que está obligado –agua, alumbrado público, seguridad, limpieza, etc.– porque el fraccionador no ha cumplido con sus obligaciones al 100%.

En el mejor de los casos los nuevos colonos tendrán que esperar algunos meses hasta que el empresario constructor pueda entregar el fraccionamiento al Municipio, con vialidades, áreas de donación, equipamiento, etc., y entonces ya se pueden ofrecer los servicios en su totalidad.

El fraccionamiento Brisas del Campestre es un ejemplo de ello.

Pero ¿qué pasa cuando el fraccionador simplemente desaparece sin cumplir con sus obligaciones? Los afectados son los colonos, quienes al carecer incluso de los servicios básicos verán afectada su calidad de vida.

Aquí no solo el fraccionador rompió las reglas, también lo hizo la autoridad.

Para obtener el permiso de venta por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano, el fraccionador debe cumplir, entre otros requisitos, con la garantía para la ejecución de obras de urbanización total o faltantes.

Con este candado el Municipio garantiza contar con los recursos suficientes para costear la urbanización ante el incumplimiento del fraccionador.

Entonces, ¿quién rompe más las reglas? ¿el que abandonó el fraccionamiento o el que le otorgó permiso para vender casas sin recibir la garantía para la urbanización total?

Actualmente en el Ayuntamiento trabajamos en reformas al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, pero antes de hacer ajustes, como redefinir las atribuciones de las distintas dependencias involucrados, me parece pertinente poner orden primero.

Necesitamos que los fraccionadores cumplan sus obligaciones. Que los compradores de vivienda tengan la garantía de que están invirtiendo correctamente su patrimonio, con la garantía de que no les fallarán, ya sea el desarrollador o el propio municipio.

Y desde luego las autoridades deben ejecutar las garantías cuando sea necesario, pero para ello es importante dejar de otorgar permisos de venta si no se cumple con todos los requisitos.

Empecemos por ahí. La lista de incumplidos debe ser larga, pero si no ponemos orden en lo esencial, las próximas modificaciones serán mero adorno.

¡Que no paguen justos por pecadores!