Una semana después de haber visitado a Donald Trump en la Casa Blanca, en una gira calificada de exitosa por varios sectores, el presidente se alista para pisar el México más violento ya que esta semana visitará Jalisco, Guanajuato y Colima, tres entidades con altos índices de homicidios y que han sufrido la violencia de la delincuencia organizada recientemente.

López Obrador aguarda reclamos por parte de los gobiernos locales por la descoordinación y la falta de resultados contundentes en su política de seguridad, por lo que el reto que enfrenta el presidente en esta breve gira es aún más desafiante que el que encaraba en Washington.

Durante su conferencia matutina, López Obrador reconoció que la seguridad es el tema que lo obliga a visitar esas regiones.
“Vamos a eso, para enfrentar la violencia, garantizar la paz, la tranquilidad y proteger a los ciudadanos”, ha asegurado.
Guanajuato, en el centro de México, lleva meses convertido en un polvorín. La lucha entre dos cárteles, uno local, Santa Rosa de Lima, y otro nacional, Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dejado una explosiva violencia que incluye matanzas de decenas de personas y espectaculares despliegues de terrorismo local, entre ellos la quema de negocios y vehículos de la población civil. Guanajuato registra mil 903 víctimas de homicidio en los cinco primeros meses de 2020 y aún a la espera de las cifras de junio. Su tasa es de 69 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la cuarta peor de todo México y superior a la de El Salvador (2017), una de las naciones más violentas del mundo.

Recientemente, durante un festejo por los dos años de su triunfo electoral, López Obrador afirmó que su estrategia de seguridad -que nunca ha especificado de qué se trata- “empieza a dar resultados”.

En sus primeros 18 meses de mandato, el país ha registrado más de 53 mil 600 víctimas de asesinato, con una tasa superior al mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón y un 71% más que el arranque de Enrique Peña Nieto. La frase de López Obrador coincidió con un ajuste de cuentas entre carteles que dejó 27 fallecidos en Irapuato, Guanajuato.

Colima, el estado más violento de México con una tasa de 92 homicidios por cada 100 mil habitantes, será otra de las escalas del mandatario. La pequeña región de Occidente ha sido el escenario de macabras noticias recientes. Allí fue ejecutado, a mediados de junio, el juez federal Uriel Villegas y su esposa, presuntamente por sicarios en la nómina del CJNG. Se calcula que 6 de cada 10 homicidios en el país son cometidos por el crimen organizado. A principios de junio, fue hallado el cuerpo de la diputada Anel Bueno en una fosa clandestina. La legisladora local de

Jalisco es un caso aparte. Su violencia es más soterrada. El cuarto Estado más poblado de México había contabilizado, hasta mayo, mil 094 víctimas de homicidio (tasa de 29 asesinatos). Este lunes se ha revelado que 487 cuerpos han sido exhumados de fosas clandestinas en la entidad, el 30% del total nacional. El CJNG es la organización hegemónica del país y es una de las más sangrientas de la actualidad. El gobierno de López Obrador la ha puesto en el centro de la diana con una ofensiva en el terreno y para vaciar los profundos bolsillos del capo Nemesio Oseguera, El Mencho. En junio, la Administración le congeló cerca de 2 mil cuentas bancarias, por cerca de 900 millones de dólares. Era el segundo gran golpe del año después de que 600 de sus operativos fueran detenidos en marzo en Estados Unidos en un operativo coordinado por la DEA.

Gobiernos de oposición

La visita a estos estados encierra además otro reto. Las tres entidades que López Obrador visitará están gobernadas por políticos de la oposición. Guanajuato, por el PAN (derechas); Jalisco está controlado por Movimiento Ciudadano (centro) y Colima por el PRI. El encuentro entre los gobiernos estatales y federal se dará después de severas críticas por la politización de la violencia. Diego Sinhué Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, culpó recientemente al presidente de lincharlo mediáticamente a él y a su partido por la inseguridad.

Algo similar ocurre con Enrique Alfaro, el hombre que encabeza el Gobierno de Jalisco. El mandatario local ha cruzado severas críticas con López Obrador por diversos temas, que van desde la crisis de seguridad hasta la gestión del coronavirus y la depresión económica. Las tensiones entre ambos disminuyeron la semana pasada, cuando el presidente ordenó reforzar la seguridad de Alfaro, quien ha comunicado públicamente el haber recibido amenazas de muerte de parte del CJNG tras el ataque a García Harfuch.