Las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social y Desarrollo Urbano y Obra Pública llevaron a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y al Código Penal estatal con la que se pretende que la población tenga acceso a servicios en materia de agua y otorgar certeza jurídica a los actos que realicen las autoridades locales en la provisión de servicios públicos en la materia.

En su mensaje de bienvenida, el diputado Miguel Ángel Salim Alle agradeció al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) por la recepción en sus instalaciones para la realización de la mesa de trabajo que pretende analizar reformas que tienen la finalidad de garantizar el derecho humano al agua.

“La propuesta dentro del Código Territorial pretende que exista la posibilidad de realizar acciones tendientes a la ejecución de obras de infraestructura, la dotación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, así como de tratamiento y disposición de aguas residuales”, dijo.

Al hacer uso de la voz, el presidente de SAPAL, José Antonio Morfin Villalpando, mencionó que la iniciativa es una gran oportunidad para que todas las personas de León tengan acceso al agua y con ello mejoren su calidad de vida.

“La intención de la iniciativa es cubrir la necesidad en todas las colonias que han crecido de manera irregular y cómo tratarlas para que tengan acceso a este vital líquido, porque el agua les cambia la vida a las familias, se disminuyen enfermedades, por lo que tenemos qué hacer nuestro mejor esfuerzo”, comentó.

En su intervención, el congresista José Alfonso Borja Pimentel indicó que el elemento principal de la propuesta es el desarrollo social, por pensar en las personas que se ven imposibilitadas de realizar actividades básicas por la falta de agua.

“El elemento más potente que tiene la iniciativa es el elemento social. Estamos pensando justo en las personas lo que hace de estos trabajos algo oportuno. Esto también es una muestra de parlamento abierto, que implica escuchar a la ciudadanía y poder compartir las diferentes visiones que enriquezcan dicha iniciativa”, subrayó.

Por su parte, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, comentó que se tienen 113 asentamientos irregulares donde se están llevando a cabo acciones que se relacionan con los alcances que tendrá la iniciativa, poniendo atención en la parte legal y económica por los grandes retos a los que se enfrentan los sistemas operadores.

Asimismo, el representante de SAPAL refirió que los trabajos que se llevan a cabo en materia de agua potable tienen una inferencia en los problemas de salud, debido a que las inversiones en infraestructura de agua tienen una relación positiva con las principales enfermedades gastrointestinales que padece la población.

Aunado a ello, Pablo Arturo Elizondo Sierra, director general del IMUVI calificó la iniciativa como un asunto importante, al considerar los servicios básicos para el desarrollo humano, dando solución a las quejas y reclamos por parte de los ciudadanos que piden tener acceso a tomas de agua.

Por su parte, Víctor Manuel Franco Vargas, presidente de CANADEVI, indicó que las reformas implican acciones relevantes de inclusión y de mejora de la calidad de vida por velar por espacios más dignos y óptimos para que la ciudadanía tenga los recursos necesarios para su desarrollo, señalando que se deben cuidar los detalles para evitar el fomento de los asentamientos irregulares.

La hacer uso de la voz, Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de CANACO celebró el tipo de acciones que se llevarán a cabo con las reformas planteadas que ayudarán a que no se permita que el tejido social se siga dañando con las malas condiciones que existen en los asentamientos irregulares, siendo el problema principal la escasez de agua y que no se han podido concretar temas relevantes como lo es el Zapotillo.

En su intervención, el representante de SAPAS Silao dijo que los organismos operadores de los diferentes municipios del estado tienen diferentes carencias, por lo que se espera que este tipo de iniciativas ayuden a cumplir la obligación principal de los entes de gobierno, como es el llevar el agua a cada una de las personas.

Para Francisco Jesús García León, director general de la Comisión Estatal del Agua indicó que se debe encontrar un punto de encuentro para ver la forma de cómo darle el seguimiento al tema y generar una política pública que logre la cohesión social que se está buscando en un tema tan relevante como el agua.

Al hacer uso de la voz, la diputada Angélica Casillas Martínez destacó que la iniciativa privilegia uno de los servicios que más necesitan los seres humanos y preciso que puede ser un punto de partida importante para que también se le dé un uso eficiente al líquido vital.

“Sabemos que hay pasivos muy grandes, pero el pasivo social es de mayor importancia que lo relacionado con la infraestructura. Aún podemos cambiar el pensamiento de cada uno de nosotros para hacer un uso suficiente del agua con las tecnologías que están a nuestro alcance, y así hacer que las personas que más lo necesitan tengan el derecho humano del agua”, enunció.

Finalmente, el legislador Víctor Manuel Zanella Huerta puntualizó que el reto es grande por la falta de aportaciones federales que no llegaron al estado. Sin embargo, el recorrer los municipios de la entidad ha permitido que se den a conocer las causas principales de las quejas de la sociedad que se vinculan con la falta de agua.

“Los asentamientos irregulares registrados es el reto que tenemos. Estamos en la misma sintonía de poder contribuir a que la gente de Guanajuato tenga una mejor calidad de vida y qué mejor que con las opiniones de todos podamos trabajar en una iniciativa que haga leyes que sirvan para saciar necesidades sociales”, finalizó.