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Desaparición de subsecretarías ¿ahorro o retroceso?

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El Presidente anunció en abril que enviaría una iniciativa de modificación al presupuesto ante la pandemia que incluía la eliminación de 10 subsecretarías y, a finales de agosto, se hizo público cuales serían. No es raro que ocasionalmente se transformen, eliminen o se establezcan nuevas áreas de gobierno, obedeciendo a cambios en las funciones de las dependencias o en las condiciones sociales y económicas atendidas, así como a modificaciones legislativas o por restricciones presupuestales. Para evaluar si los cambios tienen sentido, se precisa conocer su motivación y analizar si la nueva estructura permite conducir de manera más efectiva y eficiente las funciones y objetivos de las dependencias en beneficio de la ciudadanía.

La eliminación de las subsecretarías se planteó originalmente como medida de austeridad ante la crisis económica. Fracasa en este propósito ya que lo único que desapareció es el cargo de Subsecretario, por lo que el ahorro es mínimo. La estructura y puestos de las subsecretarías eliminadas permanecen con el mismo nivel, aunque se redistribuyan hacia otras áreas. Pero aún si hubiera ahorro, eso no justificaría por si solo la desaparición de subsecretarías partiendo de que sus funciones son relevantes y deben llevarse a cabo, cosa que no se ha cuestionado. No se ha ofrecido una explicación sobre los motivos para la eliminación de subsecretarías y de esas 10 en particular. Cuando más, nos indican que las funciones serían absorbidas por otras áreas, algo obvio ya que las funciones no desaparecieron.

Cabe entonces preguntar si podría tener sentido esta reorganización. A falta de más información, hay motivos para dudarlo.

Un principio básico de administración es evitar sobrecargar las áreas mayores con demasiadas funciones o “tramos de control”, ya que puede llevar a que no se le preste la atención debida a todas. Por otra parte, hay razones para mantener áreas separadas por la naturaleza de sus funciones, en cuyo caso fusionar áreas puede no ser la mejor idea. Sorprende por ejemplo la eliminación de subsecretarías encargadas de planeación, análisis e información, cuyas funciones serán absorbidas por áreas operativas. Por ejemplo, la Subsecretaría de Planeación y Política Turística lleva la planeación estratégica y vinculación con otras dependencias cuya actividad incide mucho sobre los resultados en materia turística. Son temas cruciales para una Secretaría con poco presupuesto (quitando lo del Tren Maya). Dicha Subsecretaría, como otras similares en otras dependencias, también es responsable de la información y estadística relevante, pero sabemos que contar con datos e información fidedigna parece no ser prioridad actualmente. Igualmente sorprende la eliminación de la subsecretaría relevante en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando enfrentamos una crisis de seguridad pública y se requiere reforzar la planeación estratégica y la información.

Por otra parte, llama mucho la atención que desaparezcan tres subsecretarías poderosas y particularmente importantes en todo momento y más en la coyuntura actual. Es el caso de la Subsecretaría de América del Norte, responsable de la relación con Estados Unidos y Canadá, por mucho, la más importante que tenemos en materia de política exterior. El 80% de nuestras exportaciones van a estos países y de allá viene gran parte de la inversión extranjero y de los turistas que visitan México. Nuestra relación con ellos es multifacética y cubre casi todos los temas del quehacer público además de lo económico. Caso similar el de la Subsecretaria de Gobierno, responsable de la relación con los poderes de la unión, sociedad civil, entidades federativas y otros. Lo mismo ocurre con la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La debilidad fiscal de México es enorme y se requiere avanzar en la construir un mejor sistema impositivo. Cierto, existe el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero esa es la agencia operativa y no debería encargarse de las decisiones estratégicas que corresponden a la SHCP. Ni que decir de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en tiempos de una pandemia.

La eliminación de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico refleja quizá la falta de preocupación de esta administración por insertarnos en una senda de crecimiento y desarrollo moderno, resaltando en vez de ello prejuicios y una visión hacia el pasado. Esta subsecretaría era responsable de impulsar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y promover la cobertura y acceso social a internet y la transformación digital de personas e instituciones. Entre las múltiples lecciones de la pandemia está precisamente la necesidad de ampliar el acceso para todos a herramientas tecnológicas e infraestructura que permitan trabajar y estudiar a distancia.

No queda espacio para hablar de todas las subsecretarías que desaparecen. El tiempo dirá si los resultados gubernamentales mejoran con esta medida, pero no parece que vaya a ser el caso.

 

Por: Gustavo Merino Juárez

Especialista en Desarrollo y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

 

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Es un maratón, no un sprint

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No se avizora una salida rápida a la pandemia y la crisis económica.  El manejo de la pandemia ha sido deficiente y el número reconocido de contagios y de muertes, de por si altísimo (más de medio millón de casos y más de 57 mil muertes), probablemente subestime la realidad. Llaman la atención la información pública contradictoria, la renuencia a promover medidas efectivas y de bajo costo como el uso de cubrebocas y el que, durante la pandemia, el gasto en salud sea menor a lo presupuestado y a lo gastado en 2019 (México Evalúa). En cuanto a la economía, en México llovió sobre mojado. Ya antes de la pandemia teníamos una contracción económica de -0.1%. Las decisiones como la cancelación del aeropuerto y de proyectos ya autorizados como la cervecera en Mexicali o el embate contra los proyectos de energía renovable, aunado a la decisión de  asignar recursos cuantiosos a Pemex y a proyectos costosos pero de dudosa rentabilidad como la refinería Dos Bocas, ahuyentaron la inversión extranjera y nacional y contribuyendo a los malos resultados económicos. La severa política de austeridad aplicada durante una crisis económica que reclama mayor gasto público, aunado al debilitamiento de la capacidad gubernamental, no ayudan ni generan confianza. Si a ello sumamos el impacto económico de la pandemia desde febrero, para julio enfrentamos una verdadera catástrofe, con una pérdida del PIB de -18.9% a tasa anualizada, regresando nuestra economía al tamaño que tenía hace una década. 

El impacto en el empleo ha sido brutal. Más de 1 millón 100 mil empleos formales desaparecieron en tres meses y en julio se observó la peor caída en el número de empleos registrados el IMSS: -4.3%, afectando, más a algunos estados: Quintana Roo tuvo la peor caída: 24% y Guanajuato, en sexto lugar, 4.6%. La pérdida de empleos en el sector informal también es enorme, considerando que ahí se encuentra más de la mitad de la población ocupada. Como resultado, los ingresos de muchas familias han caído significativamente. El impacto ha sido particularmente severo en los estratos de menor ingreso, 83.7%  de los empleos formales perdidos pagaban entre 1 y 2 salarios mínimos. Como resultado, esta crisis aumentará y profundizará  la pobreza, millones de personas antes de clase media, pasarán a la pobreza y otros millones acabarán aún más pobres.  También aumentarán las desigualdades, como la existente entre quienes  pueden trabajar desde casa y quienes deben salir a trabajar o quienes pueden utilizar herramientas tecnológicas e internet para la educación a distancia y quienes dependerán de la televisión.

Lamentablemente, las acciones públicas para facilitar la reactivación de la economía, proteger a las familias por la pérdida del ingreso y evitar la profundización de la pobreza y la desigualdad, han sido escasas, mal diseñadas y mal dirigidas, Por eso la reactivación será lenta y tortuosa.  Como diría Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, hay que estar preparados para un maratón, no para un sprint. Mientras que México ha destinado sólo 0.4% de su PIB a apoyos para la recuperación, Alemania destina 36%, EUA 14.8%, Perú 12% y Colombia 7.9%, (México, ¿Cómo vamos?). Entre los principales apoyos están los créditos otorgados a algunas empresas, que son útiles dada la necesidad de liquidez, pero sin que se haya presentado un mecanismo claro y transparente para determinar la elegibilidad, consistente con las empresas y sectores más afectados o que los montos otorgados reflejaran adecuadamente las necesidades. En cualquier caso, faltan acciones dirigidas a mantener el empleo y a evitar la quiebra de empresas. En cuanto a la protección de ingresos, los apoyos sociales no están dirigidos a los más afectado. Además, muchos que no estaban en pobreza y por ello no estaba cubiertos por programas sociales, quedarán desprotegidos. Cabe señalar que los principales programas que permitieron durante la crisis de 2009 proteger a la población en pobreza, particularmente la extrema, fueron suprimidos por esta administración.

Urgen medidas contundentes para facilitar reactivación económica y para proteger el ingreso de las familias. Urge también un mensaje claro y sostenido con hechos, de que se respetará el estado de derecho y que la política pública, en particular la económica, no se definirá caprichosamente.  Como país, debemos no solo enfocarnos a resolver los problemas inmediatos, sino tener también una visión de largo plazo y prepararnos para enfrentar una nueva realidad post pandemia y post crisis, que requerirá replantear como producimos, consumimos e incluso nos relacionamos. Una realidad que aproveche mejor el avance tecnológico acelerado, que resulte en mayor crecimiento y desarrollo para todos y que sea sostenible.

Por: Gustavo Merino Juárez

Especialista en Desarrollo y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey

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