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Proponen aumentar penas para deudores alimenticios en Guanajuato
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal en relación al delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Durante la exposición de motivos, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra destacó la importancia del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental. Explicó que el concepto de alimentos incluye no solo la
El diputado señaló que, a pesar de la existencia de un marco jurídico robusto en materia de cumplimiento de obligaciones alimentarias, en la práctica, algunos deudores intencionalmente evitan cumplir con sus obligaciones establecidas en sentencias o convenios, perjudicando a sus acreedores alimentarios.
Márquez Becerra afirmó que el incumplimiento de estas obligaciones constituye un delito de peligro o de riesgo, ya que no es necesario que exista un daño material concreto; basta con la alta probabilidad de perjuicio para que el autor sea penalmente responsable. Indicó que el bien jurídico protegido por el Estado incluye derechos esenciales de la familia, como la integridad física, la salud y el bienestar económico.
La propuesta contempla aumentar la punibilidad del delito de uno a cuatro años de prisión y de diez a cien días de multa, además del pago como reparación del daño de los alimentos no proporcionados, según la legislación civil. Asimismo, establece que el delito se perseguirá por querella, excepto en casos donde la persona ofendida sea menor de edad, incapaz, con discapacidad, adulto mayor o en situación de imposibilidad para presentar la querella, en cuyo caso la denuncia puede ser formulada por una institución de asistencia familiar o de atención a víctimas del delito.
Adicionalmente, se incrementa la punibilidad de uno a seis años de prisión para aquellos que intencionalmente se declaren insolventes con el propósito de eludir sus obligaciones alimentarias.
Finalmente, el diputado subrayó que la propuesta respeta el principio de mínima intervención en materia penal, ya que se trata de conductas que afectan gravemente a los acreedores alimentarios. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
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