Empresarios guanajuatenses reiteraron su solicitud de apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por las pérdidas ocasionadas en el estado debido a la “errónea” estrategia en el combate al ‘huachicoleo’, que dejó como consecuencia un desabasto de combustibles en la entidad.

Esta mañana, el líder del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, puntualizó la solicitud específica que, de atenderse, podría beneficiar a empresas de todo tamaño y a personas físicas con actividad empresarial.

Sánchez Castellanos dijo que, tras dos semanas de desabasto de gasolina, las afectaciones económicas al sector productivo de la entidad son cuantiosas. Es necesario, insistió, que la Federación resarza los daños ocasionados a las empresas y sus trabajadores por los errores en la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburo.

Las iniciativas promovidas por los organismos del CCEL buscan beneficiar a los más de 900 mil trabajadores y más de 48 mil empresas legalmente inscritos y establecidas en el estado de Guanajuato.

La petición es la siguiente: 

1) Para aliviar el deterioro en la cobranza que están presentando las entidades económicas en el estado se requiere un estímulo fiscal consistente en considerar como efectivamente pagado el pago provisional del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas y morales correspondiente a enero de 2019, aún y cuando no haya habido pago en efectivo.

2) Para contrarrestar los efectos negativos en el flujo de efectivo de las personas físicas y morales, es necesario que el Impuesto al Valor Agregado acreditable por enero de 2019 se determine considerando el que haya sido efectivamente pagado o bien el que corresponda a diciembre de 2018; el que sea mayor.

3) Para atenuar los efectos de las afectaciones que están teniendo los trabajadores al presentar problemas para trasladarse a sus centros de trabajo, así como los incrementos en productos básicos se solicita la exención total del ISR retenido a los trabajadores durante enero o por el tiempo que dure el desabasto de combustible.

4) Para incentivar la reactivación económica del estado de Guanajuato, se hace necesario que se permita la aplicación de la deducción inmediata de bienes de activo fijo, incluyendo automóviles y mobiliario y equipo, que se adquieran durante enero o hasta que la situación del abasto de gasolina se regularice.

5) Para restituir la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan y que fue ocasionado por los costos adicionales que hayan padecido por las dificultades para lograr su traslado a sus centros de trabajo, se solicita que el Subsidio al Empleo otorgado actualmente por el gobierno federal sea extensivo también para trabajadores que perciban hasta 10 mil pesos mensuales, aplicable a salarios vigentes en enero de 2019.

6) Para ayudar a una recuperación más acelerada en los ingresos de los trabajadores por las afectaciones sufridas, se propone que se aplique un subsidio equivalente a la cuota obrera que es descontada a los trabajadores y enterada al Instituto Mexicano del Seguro Social por enero de 2019.

7) Para lograr la deducibilidad de las cantidades pagadas por concepto de gasolina tanto por las personas físicas y morales durante enero de 2019, y derivado que la mayoría de las estaciones de servicio solo aceptan pagos en efectivo, es necesario que se autorice tal deducción sin importar el método de pago, incluso si este fue en efectivo, considerando que en condiciones normales la deducibilidad de este gasto solo es válida si es pagado a través de tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica o cheque.

El líder empresarial pretende hacer llegar estos puntos a López Obrador a través del gobierno del estado y del súper delegado. El planteamiento se formuló en el marco del evento Desafíos México 2019, en el que los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), el Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF) Bajío y la Barra Mexicana de Abogados (BMA) de Guanajuato, realizaron un análisis crítico de las políticas legales, financieras y empresariales del nuevo gobierno y su impacto en el Bajío.

Además, los organismos antes citados firmaron acuerdos de colaboración que buscan fortalecer la relación institucional y promover proyectos conjuntos.