Senado aprueba nueva CURP biométrica; aseguran será el documento nacional de identidad

Con la aprobación en comisiones del Senado se la llamada CURP biométrica y la implementación de la plataforma digital Llave MX, el país se encamina hacia la centralización total de los datos de identidad en un solo documento que será obligatorio y que incluirá no solo datos personales como nombre, sexo y nacionalidad, sino también fotografía y huellas dactilares.

La CURP biométrica será el único documento oficial de identificación en México, tanto para mexicanos como extranjeros con residencia legal. Su uso será obligatorio para realizar cualquier trámite público o privado: desde acceder a servicios de salud, educación, justicia o seguridad social, hasta la contratación de servicios bancarios, telefónicos o de internet.

Esta información estará centralizada en la Plataforma Única de Identidad, administrada por la Secretaría de Gobernación, y contará con una versión digital gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Qué riesgos tiene la CURP Biométrica?

Además de la exclusión y la atracción de ciberdelincuentes que trae consigo, esta normativa podría generar otras situaciones de riesgo para la ciudadanía.

Vulnerabilidad de los datos:

Al centralizar toda la información biométrica bajo la Secretaría de Gobernación, se crea un punto único de ataque que podría ser vulnerado por ciberdelincuentes.

Riesgo de exclusión social:

El registro implica la entrega de datos sin consentimiento, y puede llevar a la exclusión de servicios públicos para quienes no obtengan la CURP con foto, afectando especialmente a sectores vulnerables.

Impactos en menores de edad:

Aunque la inscripción es obligatoria solo para adultos, la ley permite a la Secretaría de Gobernación registrar biométricos de menores de edad sin salvaguardar claras, exponiéndolos a riesgos de privacidad.

Esta iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo y respaldada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derechos digitales, universidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) y sectores de la oposición política. Las advertencias apuntan hacia un riesgo real de erosión de libertades fundamentales bajo el argumento de la modernización digital.