Obliguemos a los fraccionadores a cumplir las reglas

Las reglas tienen una razón de ser muy clara: garantizar el bienestar de la colectividad. Para lograr este objetivo deben de cumplirse siempre y adecuarse constantemente a la cambiante realidad, no a capricho de un grupo de interés sino de toda la sociedad.

Por supuesto hay excepciones, toda regla las tiene, pero estas son claras y muy puntuales; fuera de esto no hay pretexto: las reglas se cumplen.

El problema es cuando las ignoramos porque simplemente no nos convienen. Y lo grave es cuando quien las ignora es la autoridad.

Ejemplos hay muchos, unos más graves que otros, pero el principio sigue siendo el mismo: las reglas deben cumplirse y quienes tienen que poner el ejemplo son las autoridades.

Lamentablemente los incumplimientos a las víctimas afectan a terceros.

Esto ocurre, por ejemplo, con las personas que de buena fe compran una casa y el Municipio no puede ofrecerles todos los servicios a los que está obligado –agua, alumbrado público, seguridad, limpieza, etc.– porque el fraccionador no ha cumplido con sus obligaciones al 100%.

En el mejor de los casos los nuevos colonos tendrán que esperar algunos meses hasta que el empresario constructor pueda entregar el fraccionamiento al Municipio, con vialidades, áreas de donación, equipamiento, etc., y entonces ya se pueden ofrecer los servicios en su totalidad.

El fraccionamiento Brisas del Campestre es un ejemplo de ello.

Pero ¿qué pasa cuando el fraccionador simplemente desaparece sin cumplir con sus obligaciones? Los afectados son los colonos, quienes al carecer incluso de los servicios básicos verán afectada su calidad de vida.

Aquí no solo el fraccionador rompió las reglas, también lo hizo la autoridad.

Para obtener el permiso de venta por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano, el fraccionador debe cumplir, entre otros requisitos, con la garantía para la ejecución de obras de urbanización total o faltantes.

Con este candado el Municipio garantiza contar con los recursos suficientes para costear la urbanización ante el incumplimiento del fraccionador.

Entonces, ¿quién rompe más las reglas? ¿el que abandonó el fraccionamiento o el que le otorgó permiso para vender casas sin recibir la garantía para la urbanización total?

Actualmente en el Ayuntamiento trabajamos en reformas al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, pero antes de hacer ajustes, como redefinir las atribuciones de las distintas dependencias involucrados, me parece pertinente poner orden primero.

Necesitamos que los fraccionadores cumplan sus obligaciones. Que los compradores de vivienda tengan la garantía de que están invirtiendo correctamente su patrimonio, con la garantía de que no les fallarán, ya sea el desarrollador o el propio municipio.

Y desde luego las autoridades deben ejecutar las garantías cuando sea necesario, pero para ello es importante dejar de otorgar permisos de venta si no se cumple con todos los requisitos.

Empecemos por ahí. La lista de incumplidos debe ser larga, pero si no ponemos orden en lo esencial, las próximas modificaciones serán mero adorno.

¡Que no paguen justos por pecadores!