Suprema Corte de Justicia echa abajo la ‘Ley Bonilla’

El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes por unanimidad de 11 votos la inconstitucionalidad de la llamada ‘Ley Bonilla’, la cual ampliaba de 2 a 5 años la gestión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California.

La Suprema Corte consideró que la reforma que dio origen a dicha ley resulta un “gran fraude” postelectoral y a la Constitución, además de que representa un ilícito atípico maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un efecto corruptor que manipuló la Carta Magna y los principios de la democracia.

Los ministros establecieron que la reforma impulsada por el partido Morena en el Congreso de Baja California resultó en un “atropello” a los derechos electorales entre ellos a votar y ser votado, así como a los principios de la democracia en México, principalmente a la no reelección.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señaló “violaciones graves” que apreciadas en su conjunto ponen de manifiesto “un verdadero fraude a la Constitución“, un “efecto corruptor de rango constitucional“.

“Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, indicó.

De acuerdo con los ministros, la reforma no se hizo dentro de los 90 días previos a la elección local como lo advierte el artículo 105 de la Constitución. Recordaron que esta reforma se hizo posterior a la elección y pretendió hacer sus efectos retroactivos.

Con esta decisión quedó invalidada la reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California, publicado en el periódico oficial del estado mediante, acuerdo 351, el 17 de octubre de 2019.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) Movimiento Ciudadano, de Baja California, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California, publicada en el periódico oficial de esa entidad el 17 de octubre de 2019.