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Se pone bravo gobierno de San Miguel de Allende: clausuran casa que rentaban por Airbnb
El inmueble no contaba con el permiso de uso de suelo para ofrecer hospedaje a través de la plataforma Airbnb; además era un riesgo para huéspedes
El gobierno de San Miguel de Allende clausuró este miércoles 11 una casa por falta de permisos para rentarse a través de la plataforma Airbnb.
A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que el inmueble, ubicado en el número 54 de la calle Canal, representaba además un riesgo para la seguridad e integridad de los huéspedes.
Los propietarios de la casa no realizaron el trámite de uso de suelo a pesar de que se les citó reiteradamente por parte de las direcciones de Desarrollo Urbano y de Centro Histórico y Patrimonio.
La intención no es hacer clausura, sino regularizar, la finalidad de ese uso de suelo y que por supuesto tiene un costo, es ayudar a los servicios del municipio que se requiere dar además de los existentes, cuando ya empieza a haber este tipo de ocupaciones y a llegar más gente de la que cabe en los hoteles (que pagan sus impuestos) y que están llenos, empiezan a generar una serie de servicios públicos adicionales; esa es la única intención de ese uso de suelo”, comentó Francisco García, de Centro Histórico y Patrimonio.
De las 3 mil 500 casas de renta de uso vacacional en la mancha urbana, 500 se ubican en el primer cuadro de la ciudad, de las cuales 100 se han acercado para tramitar su uso de suelo y las otras 400 han tenido por lo menos un acercamiento a la dirección de Centro Histórico y Patrimonio para iniciar su proceso.
Por tal motivo, el gobierno municipal invitó a los dueños de estas propiedades a realizar el trámite.
Entre los documentos que se requieren para obtener el permiso figura el seguro de daños a terceros. El costo anual por el uso de suelo es de 10 mil pesos.
Requisitos para tramitar el uso de suelo específico en San Miguel de allende
Regulación de Airbnb
El gobierno de San Miguel de Allende regula la renta de inmuebles por temporada desde el primero de enero de 2019.
A nivel federal se discute en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la posibilidad de cobrar impuestos a los usuarios de esta plataforma de servicios –y otras como Uber y Rappi– a partir del próximo año.
En lo local, el diputado panista Miguel Salim prepara una Ley para regular las plataformas digitales, luego de que en marzo pasado una explosión cobró la vida de tres estudiantes de la Universidad de La Salle Bajío que habían rentado una casa a través de Airbnb en Guanajuato capital.
La propuesta de Salim se encuentra actualmente en consulta con los 46 municipios y asociaciones.
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